Organizaciones piden limitar los periodos de irregularidad administrativa en la reforma del Reglamento de Extranjería

Seis entidades de migración y asilo, entre ellas CEAR, piden aprovechar la oportunidad de la nueva reforma anunciada por el Gobierno para que sea más ambiciosa, y garantice el acceso a la justicia, clave para evitar situaciones de desprotección, infradenuncia e impunidad. Se puede avanzar con respecto a la reforma anterior de 2022, que impide aún que muchas personas puedan regularizar su situación pese a cumplir con los requisitos.

Una nueva alianza de seis organizaciones formada por Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes, cuya misión es, entre otras, la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, han presentado propuestas de mejora en la consulta pública previa a una modificación del Reglamento de Extranjería, que se prevé para el primer semestre de este año.

La anterior reforma del Reglamento realizada en 2022, teniendo aspectos muy positivos, pudo ser “más ambiciosa”, según las organizaciones. “La evaluación de su aplicación durante los dos últimos años ha permitido detectar cuestiones sin resolver y lagunas jurídicas que se traducen en impedimentos para la regularización administrativa de muchas personas que, aun contando con los requisitos establecidos, el sistema deja en la irregularidad”, señalan.

Oportunidad para reconocer derechos

Las organizaciones valoran positivamente la apertura de un nuevo proceso de modificación del Reglamento, cuya reforma se anunció el pasado mes de diciembre en el marco de la Conferencia Sectorial de Migraciones. Consideran que es necesario aprovechar esta oportunidad para limitar de manera efectiva los periodos de irregularidad administrativa de manera que se garantice el reconocimiento de derechos para todas las personas, ajustar los supuestos de arraigo a las circunstancias reales de las personas migradas, así como eliminar barreras que dificultan los procesos de reagrupación familiar y mejorar el acceso de las autorizaciones de residencia y trabajo para las víctimas de violencia de género, entre otros.

Recogen asimismo propuestas para garantizar el acceso a la justicia y a la denuncia segura para las personas en situación administrativa irregular que son víctimas de delito, primando la condición de víctima sobre su estatuto de residencia de manera que puedan evitarse situaciones de gran desprotección, expulsión, infradenuncia e impunidad del denunciado/infractor.

Otros puntos que proponen mejorar se refieren a la consolidación de los avances en el acceso a las autorizaciones de residencia y trabajo de las y los menores no acompañados cuando alcanzan la mayoría de edad, o en la incorporación de medidas efectivas de seguridad jurídica en los casos de devoluciones en frontera.

En definitiva, apuestan por una reforma legislativa profunda, que no se limite a simplificar los procedimientos administrativos, sino que amplíe el marco de protección y reconocimiento de derechos de las personas migrantes.