La pandemia aún tiene un gran impacto en el acceso al empleo de las personas migrantes y refugiadas
Tener acceso a un empleo es fundamental para construir una nueva vida para las personas solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional. Sin embargo, son personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad y que se ven más afectadas por crisis, como la que vivimos a nivel mundial con la pandemia provocada por la COVID-19, y de la que aún sienten su impacto. CEAR analiza la situación actual y los principales retos en un informe del mercado laboral postcovid.
En España residen más de cinco millones de personas migrantes, que representan cerca del 11% de la población del país. Aunque las tasas de ocupación laboral de las personas migrantes son elevadas, la pandemia les desestabilizó especialmente. Mientras que las personas de origen español han recuperado las cifras previas de actividad laboral, las personas migrantes aún siguen sufriendo su impacto.
Con su ‘Análisis del mercado laboral postcovid para personas beneficiarias y solicitantes de asilo’, CEAR pone el foco sobre los aprendizajes de la pandemia que pueden ser fundamentales de cara a poder afrontar los actuales y futuros retos ante cualquier emergencia.
Datos clave sobre la ocupación de las personas refugiadas en España
Durante la pandemia, se redujo la afiliación a la seguridad social entre las personas trabajadoras provenientes de Rusia, Ucrania o Marruecos, entre otras, pero volvió a incrementarse en 2021, incluso superando las cifras de 2019. Entre las personas de Mali, Perú o Cuba la afiliación se estancó, y en 2021 se reanudó su evolución ascendente, que se mantuvo en el caso de personas provenientes de Venezuela y Colombia.
Por edad, las personas jóvenes se vieron más afectadas, con una caída muy acusada de la ocupación durante el segundo trimestre de 2020. Entre las personas de 34 y 55 años, la ocupación descendió notablemente, pero tras la pandemia, incluso ha aumentado. Mientras que para personas mayores de 55 años ha habido una evolución generalmente positiva.
Las personas con menor nivel formativo se han recuperado más rápidamente del impacto de la crisis, mientras que aquellas con formación profesional mantuvieron una tendencia al alza en todo momento, como también ha ocurrido con aquellas dedicadas a la agricultura. Las empleadas en la industria, la construcción y el sector servicios sí se resintieron.
Menos sueldo, más desempleo
Los salarios medios de la población migrante están muy por debajo de la población española. En algunos casos ni siquiera llegan al salario mínimo interprofesional, sobre todo en el caso de las mujeres migrantes, quienes también son las que más han sufrido el desempleo provocado por la pandemia, que sigue incrementándose en este colectivo. Además, existe una brecha salarial muy relevante entre las mujeres y los hombres migrantes, superior al 32%.
Cambio de perfiles tras la pandemia
El cierre de fronteras y la paralización del tráfico aéreo durante el estado de alarma impidió la llegada de personas procedentes de América Latina. Por el contrario, aumentó la entrada de personas originarias de África, que en su mayoría no tienen el mismo manejo del castellano y competencias digitales, lo que dificulta su acceso al empleo y necesitan más tiempo de formación.
El tipo de perfil también está relacionado con el nivel de expectativas laborales, conectado con el país de origen. Las personas latinoamericanas se encuentran sobrecualificadas, accediendo a trabajos por debajo de sus competencias, lo que les causa una mayor insatisfacción. Por su parte, las personas de origen subsahariano son más flexibles y buscan cualquier trabajo, fruto de su ansiedad laboral para enviar remesas a casa, cayendo en situaciones de vulnerabilidad.
Evolución del empleo
El sector servicios, en especial hostelería y restauración, se mantienen como los principales sectores de actividad en los que se emplean las personas refugiadas, y son los más afectados también por la pandemia, aún en vías de recuperación. Por el contrario, hay otros sectores emergentes como los servicios de salud, el cuidado de personas y la construcción, en los que la población migrante juega un papel destacado
La pandemia ha reforzado la creación de contratos temporales, que generan más inestabilidad. Las mujeres tienen más trabajos a tiempo parcial y, en general, las personas que forman parte de este colectivo deben dedicar más tiempo a la búsqueda de empleo, que suelen encontrar mediante familiares, gente cercana, amistades o espacios de encuentro -que se vieron limitados durante la pandemia- como el que comparten las personas atendidas por CEAR.
El impacto emocional de la pandemia
La pandemia ha tenido un gran impacto psicológico en las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, agudizándose la vulnerabilidad de su situación de partida. La crisis de la COVID-19 es percibida por casi la mitad de las personas consultadas como la primera dificultad para acceder al mercado de trabajo, seguida por la falta de conocimiento del mercado laboral de acogida y las reticencias de las personas contratantes, ante la limitada validez temporal de la documentación.
Más de la mitad de las personas aseguró que la pandemia les ha afectado mucho o bastante, especialmente entre las mujeres, afectadas por fuertes impactos psico-sociales y en autoculpabilización de su situación. Estos sentimientos de frustración e incertidumbre son ampliamente compartidos por las personas que estaban en búsqueda de empleo durante la pandemia y que tenían que acceder al mercado laboral justo después de terminar sus itinerarios formativos.
Principales retos
La crisis de la COVID 19 ha acelerado el proceso de digitalización en la actividad diaria, la búsqueda de empleo y los trámites con la administración, por lo que ha aumentado la brecha digital entre las personas refugiadas. Para contrarrestar estas carencias, CEAR ha ampliado y reforzado la formación en competencias digitales.
A partir de enero de 2021 entraron en vigor una serie de modificaciones legales y administrativas que, entre otras consecuencias, han acelerado los plazos de resolución de solicitudes de protección internacional. Esto ha supuesto un acortamiento de los plazos, lo que dificulta el arraigo social o laboral si la resolución es negativa, algo frecuente en la gran mayoría de los casos.
Por otro lado, los cambios legales obligan a las personas solicitantes de protección internacional a permanecer en la primera fase del itinerario de acogida y solo pueden pasar a la segunda fase, en la que se trabaja su autonomía y la inclusión social, cuando la resolución de su solicitud de protección se resuelve de manera favorable. Estas novedades se viven con mucha presión e incertidumbre, y han cambiado la manera de intervenir desde CEAR, que trabaja para ajustar tiempos, compaginando formaciones de idioma con las laborales para dar respuesta a las necesidades de las personas refugiadas, y facilitar en todo lo posible su salto al mundo laboral.
